La necesidad de avanzar en materias de acceso y de regulación es evidente.
ONG Derechos Digitales
Realidad digital y acceso a internet en tiempos de pandemia
La pandemia dio urgencia a la vida digital de millones de personas que nunca se habían planteado llegar un día a necesitar tanto de la red de redes. Clases, comercio, trabajo y ocio dejaron las calles y edificios para darse cita entre ceros y unos. Desde el ciudadano de a pie a potencias mundiales, todos vivieron el impacto de la brecha digital.
Si a nivel continental, fundaciones como Siemens Stiftung impulsaron programas de educación a distancia en STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), para reducir las desigualdades educativas que la pandemia acrecentó, a nivel local las escuelas y universidades implementaron modalidades de enseñanza en línea e híbrida y, donde fue posible, se impulsó el teletrabajo y/o la migración a canales de atención y venta en línea.
Para quienes vieron su empleo afectado este fue el momento de comenzar su emprendimiento digital, de la mano de la modernización acelerada de trámites tanto públicos como privados. El camino ya está trazado y no hay vuelta atrás.
Prosumidores Digitales
Por otro lado, la hipermediatización que supuso el encierro, sumado a procesos sociales disruptivos, dejaron en evidencia el poder de los medios de comunicación y la convergencia mediática, que se pudo apreciar en particular en las distintas plataformas de redes sociales y los medios digitales.
En la web 2.0, que alude a los usos y comportamientos de los usuarios, pasamos de ser un consumidor pasivo a ser «la noticia» y todo gracias a medios digitales y redes sociales. Pero la brecha digital siguió y sigue presente. La mejor evidencia de su transversalidad es la manipulación de contenidos y realidad que ejercen las llamadas fake news o noticias falsas, que provocan desde crisis personales a dificultades de implementación de políticas públicas.
Pasamos de evidencia basada en argumentos como «lo vi en la tv» o «lo leí en el diario» a cadenas de WhatsApp, hilos de Twitter o funas en Instagram. Los medios tradicionales, buscando no quedar obsoletos, aportaron a la sobrecarga informativa digital desde sus múltiples plataformas, persiguiendo las ganancias del clic y pay per view más que la prolijidad de sus contenidos informativos.
Por otro lado, los Gigantes Tecnológicos, en un éxtasis pandémico por monopolizar a las y los usuarios y sus datos, quedaron al debe en cuanto a moderación de contenidos, en especial con la proliferación de discursos de odio, extremismos y noticias falsas que permearon los imaginarios colectivos, no solo en Chile si no en todo el planeta.
Pensar la Sociedad de la Información y su desarrollo
Que la brecha digital se reduzca y las transformaciones tecnológicas permitan sociedades digitales críticas, informadas y constructivas es la discusión que viene, tanto a nivel de políticas públicas locales como en la gobernanza de Internet y sus servicios.
Internet, su acceso y uso, así como la vida y realidad digital de millones de personas resultaron ser una tensión constante durante la pandemia. Por un momento pareció que avanzábamos a pasos agigantados; el tropiezo convencional nos devolvió a la realidad.
La Constitución que no fue
Si los aires de cambio social en el país parecían encontrar un camino a la medida con el Proceso Constituyente iniciado en 2021, que entre las diversas Iniciativas Populares de Norma y sus comisiones buscaba forjar una sociedad más justa, en sintonía con el medio ambiente y la búsqueda de conocimiento, su devenir truncado dejó con un sabor amargo a un tercio de la población del país y permitió que el debate por consagrar el acceso a internet como un derecho constitucional quedara en foja cero.
Como señalaba a La Tercera en 2020 Pablo Viollier, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, sobre la posibilidad de incluir el acceso a internet en la Carta Fundamental que no fue: “Es muy interesante la discusión, porque la pandemia que estamos viviendo es la constatación fáctica de que Internet es una condición necesaria para el ejercicio de otros derechos fundamentales, y por lo tanto se abre una excelente oportunidad en el proceso constituyente para discutir la necesidad de incluir el derecho a una conexión significativa a Internet como un derecho fundamental”.
Meses antes de estas declaraciones, el abogado Emilio Pfeffer escribía en DiarioConstitucional.cl sobre el derecho a internet y que “el desafío para que ello sea posible -y no causa de segregación- es que internet y las plataformas que lo posibilitan se democratice y se transforme en un bien de acceso universal”.
Lo que pudo ser
En el escenario de esos años, con una realidad digital mediada por la pandemia y ávida de acceso a internet, este tipo de declaraciones parecían de perogrullo. Dos años más tarde y a unos cuantos meses de la votación de salida de la Nueva Carta Fundamental, lo discutido en la Convención Constitucional en materia de derechos digitales era analizado por organizaciones de la sociedad civil, tomadores de decisiones, académicos y la comunidad interesada.
La ONG Derechos Digitales analizaba en 2022 las propuestas del borrador constitucional en cuanto a derechos tecnológicos, resaltando que:
En materia de derechos asociados al uso de tecnologías se aprobaron dos grupos de normas. El primero, en torno al derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y comunicaciones, la conectividad, y los deberes del Estado de proveer dicha conectividad, asegurando calidad de servicio, la neutralidad de internet, la superación de brechas, entre otras.
Por otra parte, se amplió el catálogo de derechos fundamentales relacionados a la tecnología, tales como la privacidad, inviolabilidad de los recintos, comunicaciones y documentos privados, la autodeterminación informativa y protección de datos. Y se reconocieron algunos derechos nuevos, tales como el derecho a espacios libres de violencia digital, y a la seguridad informática.
Territorios digitales en disputa
Derechos Digitales cerraba su análisis con la siguiente conclusión: “Más allá del resultado del plebiscito de septiembre, la necesidad de avanzar en materias de acceso y de regulación es evidente. Sin importar si se aprueba o no el cambio constitucional, este proceso deliberativo ha servido para abrir discusiones pendientes sobre las formas de implementación de estos derechos”.
Para Rodrigo Ramírez Pino, investigador Flacso y ex subsecretario de Telecomunicaciones (2016 – 2018) del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el texto constitucional era: “Objetivamente la propuesta constitucional es más contundente y robusta de lo que hoy existe y presenta cimientos sólidos para instalar a la nación en la era digital, para el papel del Estado, para la protección de los derechos de la ciudadanía, de la actividad privada, de la innovación, de la transferencia tecnológica, de la creación, del derecho de autor, de la identidad, de la universalidad en el acceso y la soberanía digital”.
Tras el rechazo a la propuesta de Nueva Constitución en septiembre de 2022, la pelota en cuanto a derechos digitales y tecnológicos volvió a situarse en escenarios ya conocidos: el Estado y gobierno de turno; y el Congreso y tomadores de decisiones que responden a variados intereses. Y son otra vez las comunidades interesadas las que deben relevar la importancia de avanzar en estos derechos, ya sea en el actual Proceso Constitucional o de la mano de alguno de los poderes del Estado.
Un final que sigue abierto y en constante evolución.
Sin comentarios